Más de dos décadas han transcurrido desde entonces y, durante ese tiempo, la sociedad dominicana ha cambiado de forma significativa. Actualmente, la esperanza de vida al nacer alcanza los 79.1 años en las mujeres y 72.4 años en los hombres. Para el año 2100, las proyecciones prevén que llegue a 91.5 años.
Sin duda, esta transformación impactará la modalidad de cobertura de los tres principales seguros del sistema: el Seguro Familiar de Salud (SFS), destinado a cubrir enfermedades, maternidad y subsidios; el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, encargado de administrar el sistema de pensiones y las prestaciones por retiro o invalidez; y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), que protege a los trabajadores frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
El cambio demográfico redefine la seguridad social, ya que esta fue diseñada cuando el país tenía una estructura poblacional distinta. Hoy disminuyen los nacimientos, aumenta la población de adultos mayores, crece la esperanza de vida y las proyecciones indican que habrá menos trabajadores sosteniendo a un mayor número de pensionados.
LAS ADVERTENCIAS SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES
El Banco Interamericano de Desarrollo prevé que, en algunos países, las pensiones podrían disminuir hasta un 50 % respecto a sus niveles actuales y que, en otros, las tasas de contribución tendrían que incrementarse hasta niveles que dificultarían la creación de empleos formales.
La entidad considera que el aumento de la longevidad alterará el equilibrio entre la capacidad de los países para ofrecer pensiones dignas y la posibilidad de sostenerlas financieramente a lo largo del tiempo.
Sus expertos agregan que, de aquí al año 2050, el gasto público en pensiones casi se duplicará, al pasar de alrededor de un 4.5 % a un 9 %. “El envejecimiento poblacional hará que el gasto público pensional ocupe una proporción cada vez mayor dentro del gasto público, desplazando otras áreas que son igualmente prioritarias: salud, educación, infraestructura, entre otras”.
Asimismo, establecen que, además de ese desafío, otras tendencias amenazan los sistemas de pensiones a escala mundial. Entre ellas figura la transformación del mercado laboral, marcada por el crecimiento de las plataformas digitales, que provoca que un segmento importante de la población permanezca fuera de los sistemas de pensiones.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que la cantidad de personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes en edad laboral, entre 20 y 64 años, pasará de 33 en 2025 a 52 en 2050. En el año 2000 era apenas de 22.
El cambio no es solo demográfico. También modifica la relación entre trabajadores activos y jubilados. Para 2050, numerosos países podrían tener apenas dos trabajadores por cada persona retirada, una proporción muy inferior a la observada en décadas atrás, que era de 7 a 2.
LA JUVENTUD SOSTIENE LA ECONOMÍA, PERO TAMBIÉN ENFRENTA MAYORES RIESGOS
Otro aspecto que merece atención es que la juventud constituye el recurso humano que sostiene la economía. Produce, cotiza, impulsa una parte importante del consumo, financia las pensiones futuras y mantiene el crecimiento económico. Sin embargo, también es uno de los segmentos más vulnerables.
Esa vulnerabilidad se manifiesta de diversas formas. La primera es la reducción de los nacimientos. Mientras en 1950 cada mujer tenía, en promedio, 7.57 hijos durante su vida reproductiva, para 2026 esa cifra se sitúa en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo. Las proyecciones estiman que este indicador se mantendrá alrededor de 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando los cambios sociales, económicos y culturales que ha experimentado el país en las últimas décadas.
LOS ACCIDENTES TAMBIÉN COMPROMETEN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Otro factor determinante son los accidentes de tránsito. En lo que va de 2026 se han registrado 30,826 personas lesionadas en accidentes de tránsito en el país. Del total, 21,692 corresponden a hombres y 9,134 a mujeres.
Traducido a una dimensión más fácil de visualizar, siete de cada diez personas lesionadas son hombres. La diferencia también es evidente al comparar ambos grupos: por cada mujer lesionada hay aproximadamente 2.4 hombres heridos en accidentes de tránsito.
El grupo de 20 a 29 años concentra 9,981 lesionados, equivalentes al 32.4 % del total nacional. En otras palabras, prácticamente uno de cada tres lesionados pertenece a ese rango de edad.
Le siguen las personas de 30 a 39 años, con 6,383 casos, mientras que el grupo de 10 a 19 años registra 5,047 lesionados. La distribución de los datos dibuja un patrón claro: las lesiones se concentran precisamente durante la etapa de mayor productividad económica.
Si la fuerza laboral de un país resulta accidentada, queda con lesiones parciales, incapacidades permanentes o, en el peor de los casos, fallece, el impacto alcanza directamente al sistema de seguridad social y de pensiones.
Esto permite entender que, de las más de tres mil personas que mueren cada año en la República Dominicana únicamente por accidentes de tránsito, la inmensa mayoría también corresponde a jóvenes que no llegan a los 30 años.
El costo para el Estado trasciende el impacto económico inmediato, ya que también compromete las futuras pensiones.
Los accidentes destruyen el capital humano del país, especialmente el de los jóvenes, al provocar muertes, lesiones e incapacidades permanentes.
Sin lugar a dudas, cada joven lesionado representa menor productividad, menos cotizaciones, mayor gasto en salud, más presión sobre la seguridad social y un menor crecimiento económico.
UNA REFORMA INTEGRAL PARA RESPONDER A LOS NUEVOS DESAFÍOS
De ahí la estrecha relación entre la reforma al Código de Trabajo y la modificación de la Ley 87-01, ya que esta protege la vejez, la discapacidad, la sobrevivencia, la enfermedad, la maternidad y los riesgos laborales, entre otras contingencias.
Sin embargo, hoy surgen desafíos que en 2001 tenían un peso mucho menor: el envejecimiento acelerado de la población, las enfermedades crónicas, la siniestralidad vial, el trabajo mediante plataformas digitales, la persistente informalidad, la automatización, la inteligencia artificial y las nuevas modalidades de empleo, entre otros.
En resumen, la República Dominicana ya no enfrenta los mismos desafíos demográficos, laborales y sanitarios que existían cuando se aprobó la Ley 87-01. La reducción de los nacimientos, el envejecimiento de la población y la pérdida de miles de jóvenes por accidentes de tránsito obligan a replantear si el sistema de seguridad social está preparado para proteger el capital humano y garantizar su sostenibilidad durante las próximas décadas.
NG
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